Recortar derechos de aborígenes, un mal de época

Eco y Antropología 28/07/2017 Por
En la mayoría de los países de América en donde aún quedan pueblos aborígenes, el poder político, respaldado por grandes poderíos económicos, aprueba recortes en los derechos que tenían sobre sus tierras.
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A partir de una profunda crítica y ruptura respecto a la visión eurocéntrica, a su racionalidad, a su modelo de modernidad y desarrollo inserto en la estructura de poder colonial, el movimiento indígena latinoamericano se plantea como un movimiento civilizatorio, capaz de recuperar el legado histórico de las civilizaciones originarias para re-elaborar, no una, sino varias identidades latinoamericanas.

Sin embargo, en países como Ecuador, el expresidente Correa, apoyó la formación de cooperativas indígenas a cambio de que resignaran parte de sus derechos adquiridos, en Guatemala, los pocos habitantes que quedan de las tríbus originarias son reprimidas por el gobierno de turno, en Argentina, el derecho de los Qom se vio recortado por el avance de grandes grupos económicos que compraron sus tierras, mientras que fueron reprimidos hasta morir, en algunos casos. En Perú son expulsados por las compañías mineras sin que el Estado actúe.

Brasil no es la excepción y por el contrario es el ejemplo mayor en América por la cantidad de pueblos originarios existentes, y es el país en donde menos derechos tienen los pueblos originarios. 

El presidente de Brasil Michel Temer aceptó un controvertido dictamen legal que niega los derechos territoriales de los pueblos indígenas y lo ha establecido como una directriz oficial de la administración pública. Según este dictamen los pueblos indígenas no tienen derecho sobre sus tierras si no las estaban ocupando cuando se promulgó la Constitución Federal de Brasil en octubre de 1988.

El dictamen contradice a la Constitución, ya que en esta se reconoce claramente que los pueblos indígenas tienen el derecho exclusivo de ocupar y usar las tierras tradicionales que llevan habitando desde mucho antes de la llegada de los colonizadores europeos, que sustentan desde el Ministerio Federal Público de Brasil (la Fiscalía General) y juristas eminentes, quienes afirman que la aceptación por parte de Temer, es una opinión no vinculante, que no tiene estatus legal y es inconstitucional.

Joenia Wapixana, la primera abogada mujer indígena brasileña afirmó a la organización Survival Internacional, que defiende a los grupos originarios de todo el mundo que: “Nuestros derechos originarios son imprescriptibles, por eso establecer un marco temporal es inconstitucional.”

Luiz Henrique Eloy, un abogado indígena terena que trabaja en la red Articulação dos Povos Indígenas do Brasil-APIB , también afirmó que: “La tesis [del marco temporal] es totalmente inconstitucional; la Constitución reconoce el derecho indígena como derecho originario que precede a cualquier otro. Se trata de la postura de algunos ministros, no está consolidada.”

En las semanas previas a la votación, los analistas dicen que Temer está intentando asegurarse el apoyo de los parlamentarios, muchos de los cuales están relacionados o representan a la poderosa bancada ruralista (el poderoso sector del agronegocio de Brasil), que es totalmente antindígena. Muchos en el sector del agronegocio, particularmente en las regiones sur y centro-oeste, ocupan territorios indígenas y se lucran gracias a ellos después de que los propietarios indígenas fueran expulsados décadas anteriores. 

El poderío económico de las grandes corporaciones está socavando con el capital el derecho indígena de pertenecer, el poder político se ve sometido a las grandes grupos que presionan para quedarse con tierras, desforestar selvas, cavar minas o realizar emprendimientos inmobiliarios que que rentabilicen la adquisición de tierras mal vendidas, y hasta en algunos casos, ilegalmente ofrecidas por el mismo Estado que en su afán de aumentar la recaudación rematan tierras "fiscales" a cualquier precio.

Volviendo a Brasil, en donde el tema cobró más fuerza por estos tiempos por la gran manifestación indígena que se realizara en Brasilia (sede del gobierno) para frenar una tentativa descarada de ganar apoyos, por parte de Temer, y haciendo resaltar el temor de que el gobernante esté preparado jurídicamente para socavar seriamente los derechos indígenas, que los coloca en una situación de ilegalidad, ya que según el diputado federal Luis Carlos Heinze, miembro destacado del Frente Parlamentar da Agropecuária, “... más del 90% de los [más de 700] casos de demarcación de los territorios indígenas en curso]que tiene Brasil son ilegales y serán archivados.”

Organizaciones indígenas y ONG en Brasil han publicado un contundente comunicado de prensa condenando el dictamen y han pedido al Ministerio Público que lo suspenda, con la adhesión de movimientos como "Los sin tierra" y pueblos como los Quechuas, ichwas, Aymars, Mapuches, Cymbis, Saraguros, Gumbinos, agrupados en la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas de Perú.

El tiempo de América colonizada ha cambiado, pero las costumbres de los poderosos siguen teniendo una visión europeizada que no permite el desarrollo de los aborígenes que pretenden, sin éxito, mantener las raíces que ellos mismos se encargaron de sostener en el tiempo con el respeto a sus tierras.

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